Imagen: MinJusticia

Durante el debate de control político sobre la grave violación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Colombia y connacionales en el exterior, el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dio a conocer las diferentes medidas que esta Cartera ha implementado para dar solución y ponerle fin a la crisis que afronta el sistema penitenciario y carcelario del país.

El Ministro indicó que el problema de hacinamiento y de violación de derechos humanos es una preocupación constante, que se tiene en toda Latinoamérica. Recalcó que los derechos de los reclusos no deben ser de segunda categoría. “Tenemos un compromiso como Estado de brindar dignidad y garantizar derechos a esta población, hemos venido trabajando en torno a una estrategia integral que busca intervenir en los distintos ámbitos de la política criminal: conductas punibles y sus sanciones, los procedimientos aplicables y la ejecución de las sanciones penales”, dijo.

Estas tres medidas se basan en las recomendaciones de la Corte Constitucional y la Comisión Asesora de Política Criminal en cuanto a la necesidad de racionalizar el uso de la prisión, promover alternativas que resulten más económicas al Estado y a la sociedad, y que permitan el goce efectivo de derechos. El Ministro de Justicia señaló que es un deber del Congreso de la República y de todas las Ramas del Poder involucrarse en la generación de una política criminal respetuosa de los derechos humanos para promover la creación, implementación y ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad.

“Este es un problema de todos, la capacidad del sistema penitenciario colombiano creció en un 181% entre 2000 y 2016, mientras que la cantidad de personas privadas de la libertad lo hizo en un 316% en el mismo periodo. Mi sueño es no hacer más cárceles, sino adecuarlas, pues lo ideal sería que no existieran más presos”. Sin embargo, reiteró que no se ha dejado de lado la construcción de nuevos centros penitenciarios y la entrega de cupos que garanticen permanencia digna de esta población.

“Vamos a firmar próximamente un acuerdo con Barranquilla, y construir un centro carcelario para que los municipios de este departamento cumplan con la ley de tener en este establecimiento solo a personas sindicadas, pues el INPEC solo debe estar encargado de condenados”, afirmó.

El Minjusticia socializó con los asistentes los diferentes proyectos de ley con los que se busca darles respuesta coherente y legítima a los problemas que hoy agobian el sistema penitenciario: reforma al Código de Procedimiento Penal con el que se van a superar los obstáculos que, en la práctica, han dificultado la implementación del sistema penal acusatorio; la reforma al Código de Extinción de Dominio, el cual busca afianzar los procedimientos para identificar y acabar con las estructuras criminales y actividades relacionadas con la corrupción; y el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Política Criminal y Penitenciaria, que busca garantizar una regulación de las medidas alternativas al encarcelamiento con fines de resocialización, que deja la prisión como última instancia.

Respecto a los cuatro proyectos de rebaja de penas dijo que el Consejo Superior de Política Criminal emitió conceptos desfavorables, pero aclaró que “tres proyectos eran abiertamente inconstitucionales. Este Ministerio voto negativamente contra estos. Sin embargo, el nuestro es afianzado en derecho humanista, pues contribuye al deshacinamiento, busca la protección de los derechos fundamentales y el reconocimiento de garantías a la población privada de la libertad, se basa en los estándares internacionales de derechos humanos”.

El debate concluyó con el agradecimiento que el alto funcionario dio por la oportunidad de dar a conocer ante el Congreso de la República las iniciativas que se impulsan desde el Ministerio. Invitó para que se siga trabajando mancomunadamente en la construcción de una política criminal eficaz, racional y coherente.

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